La detención se realizó tras un eficiente operativo liderado por comisario del distrito.
👉La Policía Nacional del distrito de Subtanjalla capturó a Jesús Manuel Cuadros Raymi, de 64 años, quien evadía la justicia durante años acusado de violación sexual a menor.
El sujeto contaba con dos requisitorias vigentes: la primera, solicitada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco con fecha 22 de junio de 2024 y expediente número 763-2023; y la segunda, emitida por el Juzgado Colegiado de Chincha con fecha 9 de octubre de 2024, ambas por delito de violación sexual a menor.
Durante la intervención, se constató que Cuadros Raymi no poseía documento de identidad actualizado y había cambiado su aspecto físico para evitar su identificación.
En un intento inicial, trató de huir, pero fue retenido oportunamente por los agentes policiales.

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas para continuar con las diligencias correspondientes.
La actuación rápida y coordinada de la Policía Nacional permitió poner fin a la evasión de este requisitoriado, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra los delitos sexuales.

En un operativo policial , se detuvo en flagrante delito a los ciudadanos J
osé Antonio Malqui Costa (20),
Jean Carlos Muñoz Huancahuari (26) y
Junior Luis Chávez Tenazoa (24),
presuntos integrantes de la banda criminal denominada «Techeros de Subtanjalla», «Tripita Pajarín y Huacho» fueron intervenidos mientras cometían hurto agravado e inviolabilidad de domicilio en los inmuebles del distrito de Subtanjalla.
Estas personas habrían causado terror en la zona al ingresar ilegalmente a viviendas para sustraer bienes, afectando gravemente la seguridad y tranquilidad de los vecinos.
La Policía Nacional, tras seguir de cerca sus movimientos y acciones, logró capturarlos gracias a un trabajo de inteligencia y vigilancia constante, que permitió su arresto en flagrancia.
Durante la intervención se incautaron tres equipos celulares y un vehículo de placa B9C-567, marca Brilliance, modelo Zhonghua, color rojo, que habría sido utilizado para facilitar el accionar delictivo.

La investigación apunta a un presunto uso indebido del cargo para obtener beneficios económicos en perjuicio de la imparcialidad del sistema penitenciario

La intervención de un trabajador del sistema penitenciario en Ica vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de control dentro de los establecimientos carcelarios del país. El caso, que involucra a un profesional de la salud mental, surge en medio de una operación coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, tras la detección de un presunto acto de corrupción vinculado a la emisión de informes técnicos.

El hecho se registró en los exteriores del penal Cristo Rey-Cachiche y responde a una investigación previa que apuntaba a una conducta irregular en perjuicio de un interno. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desplegó acciones inmediatas tras recibir información sobre una exigencia económica que comprometía la imparcialidad de un documento clave dentro del proceso penitenciario.

Las diligencias incluyeron la participación de personal especializado y el uso de técnicas que permitieron verificar la transacción denunciada. El caso también motivó una respuesta institucional por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que anunció medidas administrativas frente a lo ocurrido.

Intervención fiscal y detención en flagrancia

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica ejecutó la detención en flagrancia de Jorge Condori, psicólogo del INPE, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. La acción se realizó a solicitud del fiscal provincial Alexander Pérez López y la fiscal adjunta titular Rosmely Guillén Cortez, con apoyo de agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el trabajador exigió el pago de S/ 1000 a un interno del establecimiento penitenciario Cristo Rey-Cachiche. El monto tenía como finalidad la emisión de un informe psicológico favorable, documento que podría influir en la situación del recluso.

Durante el registro personal, las autoridades encontraron S/ 700 en efectivo. El dinero formaba parte de un procedimiento de verificación, ya que había sido previamente fotocopiado e impregnado con reactivo químico por el personal fiscal y policial. Esta técnica permitió confirmar la entrega del monto y sustentar la intervención en el momento preciso.

Alcances de la investigación preliminar

La hipótesis fiscal sostiene que el servidor público utilizó su cargo para solicitar un beneficio económico a cambio de favorecer al interno con un informe técnico. Este tipo de documentos resulta determinante dentro del sistema penitenciario, ya que influye en evaluaciones sobre beneficios, tratamientos y eventuales medidas relacionadas con la libertad.

El Ministerio Público informó que la intervención se desarrolló bajo parámetros legales que garantizan la validez de las pruebas obtenidas. La participación conjunta con la Policía Nacional permitió asegurar el registro del dinero y la detención del implicado sin vulnerar el debido proceso.

En ese contexto, la institución reafirmó su posición frente a actos de corrupción. Según se indicó en el comunicado oficial, se mantiene el compromiso de actuar ante cualquier conducta que afecte la integridad de las entidades del Estado y el sistema penitenciario.

Medidas adoptadas por el INPE

Tras la detención, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un pronunciamiento público en el que detalló las acciones adoptadas. La institución precisó que el 15 de abril de 2026, en los exteriores del penal de Ica, se produjo la intervención del trabajador Jorge Santos Condori Castro por un presunto acto de corrupción. En el comunicado se especifica que el hecho no ocurrió dentro de las instalaciones del establecimiento.

El INPE señaló que el servidor habría solicitado dinero a la familia de un interno con el objetivo de emitir un informe que facilitaría su libertad. Frente a esta situación, se dispuso el inicio inmediato de un procedimiento disciplinario, junto con la aplicación de una medida cautelar contra el trabajador involucrado.

Además, la entidad indicó que brinda facilidades a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. Esta colaboración busca asegurar transparencia en el proceso y contribuir con el esclarecimiento de los hechos.

Comunicado del INPE

Canales de denuncia y acciones institucionales

Como parte de su respuesta, el INPE exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acto irregular dentro del sistema penitenciario. La institución recordó la disponibilidad de la Línea Gratuita Anticorrupción 0800-1-5024, el correo electrónico denunciasinpe@inpe.gob.pe y la atención presencial en su sede central ubicada en el jirón Carabaya 456, en el Cercado de Lima.

El caso se mantiene en etapa de investigación, con diligencias orientadas a determinar responsabilidades y establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta exigencia de dinero. La actuación conjunta entre fiscalía y policía continúa como parte del proceso legal correspondiente.