Dos choferes están siendo investigados por el Ministerio Público  tras un brutal choque automovilístico que terminó con la vida de Andrea del Rosario Puma Ramos, una joven de apenas 21 años y pasajera de una motocicleta. La tragedia ha conmocionado a la comunidad iqueña y ha puesto bajo la lupa a los involucrados.

Los implicados, Raúl Javier Auris Tasayco, conductor del vehículo, y Pablo Daniel Sairitupac Malpartida, de 20 años  chofer de la motocicleta, se encuentran a disposición de la UPIAT (Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito), dependencia especializada de la Policía Nacional del Perú encargada de esclarecer estos casos de alta gravedad.

Según las primeras investigaciones, el motociclista habría conducido de manera temeraria

Mañana uno de ellos , el chofer del auto será trasladado a la unidad de flagrancia del Poder Judicial en la urbanización San Joaquín mientras tanto el conductor de la motocicleta se encuentra con resguardo policial en el hospital regional de Ica, donde se le diagnosticó policontuso politraumatizado por accidente , ellos enfrentarán un proceso judicial que definirá su futuro.

Vecinos del sector Mayuries, en el distrito de Santiago, están en shock al ver a uno de sus ex vecinos, Auris Tasayco, envuelto en este enorme problema.

Mientras tanto, en las calles de Víctor Manuel Maurtua, en Parcona, familiares y amigos velan a la joven Andrea, cuyo trágico destino ha estremecido a toda la región.

Una trágica colisión entre una motocicleta y un automóvil en el sector de nueva Sunampe los Aquijes , dejó como saldo la muerte de una joven de 21 años, quien iba como pasajera en la moto.
El accidente ocurrió ayer sábado 4 de abril a las 18:55 horas. La motocicleta negra de placa 4880-04, conducida por Pablo Daniel Sayritupac Malpartida, impactó contra un automóvil sedán rojo de placa D4L-489, manejado por Raúl Auris .

Se visualizó que la vía donde se produjo el choque contaba con señalizaciones por trabajos en la zona.
Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital Regional de Ica por el SAMU.
La Dra. Quijandria Ángulo Yaqueline atendió al lesionado en el centro médico. Lamentablemente, Andrea del Rosario Puma, de 21 años y pasajera de la moto, murió en el acto.
El fiscal de turno, Marco Antonio Osorio Ayala, llegó al lugar y dirigió las diligencias , ordenando el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue central de Ica.
Recuerda la velocidad no solo pone en peligro tu vida, sino también la de quienes comparten la vía contigo. ¡Reducir la velocidad es un acto de respeto y empatía! 🌍💙
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Indecopi determinó que ambas prácticas constituían cláusulas abusivas que podían inducir a error y restringir derechos, por lo que ordenó su eliminación y la difusión de avisos informativos para los clientes.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash, sede Chimbote, sancionó a la empresa Inversiones Montoro & Villa Lac S.A.C., operadora del establecimiento “Postres de Julieta”, por aplicar políticas que vulneraban los derechos de los consumidores. La autoridad determinó que el local exhibía avisos en los que se indicaba que no se aceptaban billetes de S/ 200, además de consignar en sus comprobantes la frase “No se aceptan cambios ni devoluciones”.

De acuerdo a la Resolución Final Nº 0011-2026/INDECOPI-CHT, accedida en primicia por Infobae Perú, la denuncia fue presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea), que cuestionó la legalidad de dichas prácticas al considerar que constituían cláusulas abusivas. Tras evaluar el caso, la Comisión concluyó que ambas condiciones restringían derechos reconocidos por la normativa vigente, por lo que resolvió declarar fundada la denuncia e imponer una sanción de amonestación.

Rechazo de billetes de S/ 200 vulnera derechos

Uno de los puntos centrales del caso fue la política del establecimiento que impedía a los clientes pagar con billetes de S/ 200. Según el análisis de la Comisión, este tipo de restricciones no puede ser impuesto de manera unilateral por un proveedor, ya que limita el derecho del consumidor a utilizar medios de pago de curso legal.

El organismo precisó que la sola presencia de un aviso de este tipo puede inducir a error al cliente, haciéndole creer que el comercio tiene la facultad de rechazar ese tipo de dinero. En consecuencia, se configura una restricción ilegítima que reduce derechos reconocidos por ley.

Durante el proceso, la empresa argumentó que la medida respondía al riesgo de recibir billetes falsificados, especialmente en negocios de consumo rápido como cafeterías. Sin embargo, la Comisión descartó esta justificación al señalar que dicho riesgo forma parte de la actividad comercial y no puede trasladarse al consumidor.Asimismo, indicó que existen mecanismos simples y accesibles para verificar la autenticidad del dinero, por lo que prohibir el uso de billetes de S/ 200 carece de sustento. Incluso si el problema de falsificación es reconocido a nivel general, esto no habilita a los establecimientos a imponer condiciones contrarias al marco legal.

Prohibición de cambios y devoluciones también es abusiva

El segundo aspecto cuestionado fue la inclusión de la cláusula “No se aceptan cambios ni devoluciones” en las boletas de venta. Para la Comisión, esta condición resulta igualmente ilegal, ya que limita de forma absoluta el derecho de los consumidores a reclamar ante productos defectuosos o servicios que no cumplan con lo ofrecido.El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los clientes pueden exigir reparación, reposición o devolución del dinero en diversos supuestos, como fallas en el producto, incumplimiento de condiciones o deficiencias en la prestación del servicio. Por ello, cualquier cláusula que elimine estos derechos de manera anticipada es considerada abusiva.

La empresa sostuvo que esta política respondía a la naturaleza de los productos —alimentos de consumo inmediato— y a la configuración automática de su sistema de facturación. No obstante, la autoridad aclaró que ninguna de estas razones justifica la restricción de derechos.Además, enfatizó que el uso de sistemas automatizados no exime de responsabilidad al proveedor, quien debe supervisar que la información entregada al consumidor sea correcta y acorde con la normativa.

Subsanación no elimina responsabilidad

Durante el procedimiento, Inversiones Montoro acreditó haber retirado las cláusulas cuestionadas y haber adoptado medidas correctivas, como la colocación de avisos informando que sí se aceptan todos los billetes. Sin embargo, la Comisión señaló que esta subsanación fue tardía y no elimina la infracción.En ese sentido, el cumplimiento posterior de la normativa solo fue considerado como un factor atenuante al momento de definir la sanción, pero no como una eximente de responsabilidad.

Más evidencia recogida y analizada por Indecopi para dar su veredicto.

También se descartó el argumento de que no existían reclamos de consumidores. La autoridad explicó que la infracción se configura con la sola inclusión de cláusulas abusivas, ya que estas pueden disuadir a los clientes de ejercer sus derechos, incluso sin presentar quejas formales.

Medidas correctivas y advertencias

Como parte de la resolución, el Indecopi ordenó la publicación de avisos rectificatorios en el establecimiento y en otros medios, con el fin de informar a los consumidores sobre la eliminación de las condiciones ilegales y garantizar que conozcan sus derechos.Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a multas coercitivas. Indecopi indicó a las partes que la resolución rige desde su notificación y no agota la vía administrativa. En ese sentido, conforme al artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 807, el único recurso que puede interponerse contra lo decidido por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote es la apelación, la cual debe presentarse ante dicho órgano en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el día siguiente de la notificación.

Sanción al restaurante y criterios aplicados

Para determinar la sanción, la Comisión evaluó factores como el daño potencial a los consumidores, los efectos en el mercado y la probabilidad de detección de la infracción. También consideró el tamaño de la empresa —catalogada como pequeña— y la afectación a intereses difusos.Finalmente, se optó por imponer una amonestación, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que la empresa corrigió su conducta y realizó capacitaciones internas sobre normas de consumo.El caso refuerza el criterio de que los establecimientos no pueden imponer condiciones que limiten derechos básicos de los consumidores, ni siquiera bajo argumentos operativos o de seguridad, y que toda política comercial debe ajustarse estrictamente a la legislación vigente.El billete de 200 soles de Perú muestra la imagen de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América. Este billete suele ser rechazado en comercios debido a su alta denominación y a la frecuencia de falsificaciones detectadas en circulación. La dificultad para dar cambio también contribuye a su poca aceptación.