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Sancionan a restaurante por rechazar billetes de S/ 200 como modo de pago: tampoco aceptaban cambios o devoluciones
Indecopi determinó que ambas prácticas constituían cláusulas abusivas que podían inducir a error y restringir derechos, por lo que ordenó su eliminación y la difusión de avisos informativos para los clientes.
La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash, sede Chimbote, sancionó a la empresa Inversiones Montoro & Villa Lac S.A.C., operadora del establecimiento “Postres de Julieta”, por aplicar políticas que vulneraban los derechos de los consumidores. La autoridad determinó que el local exhibía avisos en los que se indicaba que no se aceptaban billetes de S/ 200, además de consignar en sus comprobantes la frase “No se aceptan cambios ni devoluciones”.
De acuerdo a la Resolución Final Nº 0011-2026/INDECOPI-CHT, accedida en primicia por Infobae Perú, la denuncia fue presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea), que cuestionó la legalidad de dichas prácticas al considerar que constituían cláusulas abusivas. Tras evaluar el caso, la Comisión concluyó que ambas condiciones restringían derechos reconocidos por la normativa vigente, por lo que resolvió declarar fundada la denuncia e imponer una sanción de amonestación.
Rechazo de billetes de S/ 200 vulnera derechos
Uno de los puntos centrales del caso fue la política del establecimiento que impedía a los clientes pagar con billetes de S/ 200. Según el análisis de la Comisión, este tipo de restricciones no puede ser impuesto de manera unilateral por un proveedor, ya que limita el derecho del consumidor a utilizar medios de pago de curso legal.
Prohibición de cambios y devoluciones también es abusiva
El segundo aspecto cuestionado fue la inclusión de la cláusula “No se aceptan cambios ni devoluciones” en las boletas de venta. Para la Comisión, esta condición resulta igualmente ilegal, ya que limita de forma absoluta el derecho de los consumidores a reclamar ante productos defectuosos o servicios que no cumplan con lo ofrecido.El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los clientes pueden exigir reparación, reposición o devolución del dinero en diversos supuestos, como fallas en el producto, incumplimiento de condiciones o deficiencias en la prestación del servicio. Por ello, cualquier cláusula que elimine estos derechos de manera anticipada es considerada abusiva.
Subsanación no elimina responsabilidad
Durante el procedimiento, Inversiones Montoro acreditó haber retirado las cláusulas cuestionadas y haber adoptado medidas correctivas, como la colocación de avisos informando que sí se aceptan todos los billetes. Sin embargo, la Comisión señaló que esta subsanación fue tardía y no elimina la infracción.En ese sentido, el cumplimiento posterior de la normativa solo fue considerado como un factor atenuante al momento de definir la sanción, pero no como una eximente de responsabilidad.
También se descartó el argumento de que no existían reclamos de consumidores. La autoridad explicó que la infracción se configura con la sola inclusión de cláusulas abusivas, ya que estas pueden disuadir a los clientes de ejercer sus derechos, incluso sin presentar quejas formales.
Medidas correctivas y advertencias
Como parte de la resolución, el Indecopi ordenó la publicación de avisos rectificatorios en el establecimiento y en otros medios, con el fin de informar a los consumidores sobre la eliminación de las condiciones ilegales y garantizar que conozcan sus derechos.Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría dar lugar a multas coercitivas. Indecopi indicó a las partes que la resolución rige desde su notificación y no agota la vía administrativa. En ese sentido, conforme al artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 807, el único recurso que puede interponerse contra lo decidido por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi Áncash sede Chimbote es la apelación, la cual debe presentarse ante dicho órgano en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el día siguiente de la notificación.
Sanción al restaurante y criterios aplicados
Para determinar la sanción, la Comisión evaluó factores como el daño potencial a los consumidores, los efectos en el mercado y la probabilidad de detección de la infracción. También consideró el tamaño de la empresa —catalogada como pequeña— y la afectación a intereses difusos.Finalmente, se optó por imponer una amonestación, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que la empresa corrigió su conducta y realizó capacitaciones internas sobre normas de consumo.El caso refuerza el criterio de que los establecimientos no pueden imponer condiciones que limiten derechos básicos de los consumidores, ni siquiera bajo argumentos operativos o de seguridad, y que toda política comercial debe ajustarse estrictamente a la legislación vigente.El billete de 200 soles de Perú muestra la imagen de Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América. Este billete suele ser rechazado en comercios debido a su alta denominación y a la frecuencia de falsificaciones detectadas en circulación. La dificultad para dar cambio también contribuye a su poca aceptación.
La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, ejecutó el operativo policial “Erradicación de Vehículos Tubulares”, con la finalidad de fiscalizar las condiciones técnicas y la documentación de los vehículos utilizados para actividades turísticas de aventura.
Acción policial
La intervención se desarrolló entre las 18:30 y las 20:00 horas en el sector de La Tierra Prometida, donde los efectivos policiales realizaron acciones de control y fiscalización de vehículos tubulares que prestan servicios turísticos.
Como resultado del operativo, se impusieron seis papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y se trasladaron tres vehículos al depósito municipal de Ica: Toyota y Dodge por modificaciones o alteraciones de sus características registrables o condiciones técnicas. Nissan, por no contar con el certificado de inspección técnica vehicular.
Asimismo, se realizaron controles de identidad y consultas de requisitorias de personas y vehículos en el sistema policial ESINPOL, obteniéndose resultados negativos.
Estas acciones buscan prevenir accidentes de tránsito, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial y promover un servicio turístico más seguro para visitantes nacionales y extranjeros.
Recuperan motocarga
En otra intervención policial, un vehículo menor de carga que presentaba una requisitoria vigente por hurto fue recuperado por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. La unidad fue ubicada durante las acciones de patrullaje e intervención en un inmueble que funcionaría como establecimiento de compra y almacenamiento de chatarra.
La intervención se realizó como parte del operativo denominado «Bloqueo y Saturación 2026», desarrollado por la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, a través del personal especializado de la DUE Chincha, perteneciente a las unidades UPIRV y UNEME.
Según la información policial, durante el patrullaje de saturación y la incursión en el inmueble, los agentes encontraron una moto carga marca LFRPLUS, modelo LRR250A, de color rojo, con placa de rodaje 6409SW.
Al efectuar la consulta de los datos de identificación vehicular en el sistema policial, se obtuvo un resultado positivo para requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, con fecha del 28 de octubre de 2026. El requerimiento había sido emitido por el Departamento de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) de Chincha.
Bala le rozó la cabeza a César Augusto Hernández Anchante, de 20 años
Un nuevo ataque criminal con arma de fuego generó alarma entre los vecinos del distrito de Parcona, luego de que un joven de 20 años fuera perseguido y baleado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El atentado ocurrió aproximadamente a las 11:40 de la noche del martes 3 de noviembre, en inmediaciones de la losa deportiva de Acomayo, ubicada en el sector Túpac Amaru.
Ataque criminal
La víctima fue identificada como César Augusto Hernández Anchante, conocido en la zona como “Carachita”, quien conducía una mototaxi de color rojo cuando fue interceptado por los desconocidos, que se desplazaban en una motocicleta blanca con negro. Según las primeras versiones, los sujetos lo persiguieron y abrieron fuego contra él, realizando varios disparos en su dirección.
Durante el ataque, uno de los proyectiles le rozó la cabeza, provocándole una herida en el cuero cabelludo, a la altura de la región interparietal central. Tras resultar herido, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Santa María del Socorro de Ica, donde recibió atención médica y sutura en la zona afectada.
De acuerdo con la información preliminar, el joven permanecía bajo atención médica en el área de Trauma Shock y su estado de salud era reservado.
Cabe señalar que César Augusto Hernández Anchante registra un antecedente policial. En el año 2024 fue detenido por efectivos policiales en el distrito de Parcona, durante una intervención en la que también fueron retenidos dos adolescentes de 17 y 16 años.
En aquella oportunidad, los tres intervenidos se desplazaban en una mototaxi y, durante el registro personal y vehicular, la Policía informó sobre el hallazgo de un arma de fuego, específicamente un revólver, que presuntamente habría sido utilizado para intimidar a víctimas durante la comisión de delitos.
Juzgado de Flagrancia ordena nueve meses de prisión preventiva contra investigado
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Julio Guerra Tueros (37), investigado por la presunta comisión de dos delitos contra la libertad sexual: violación sexual de menor de edad en grado de tentativa, en agravio de la adolescente de iniciales A.T.S.M. (13),y violación sexual de menor de edad, en agravio de la adolescente de iniciales N.C.M.P. (13).
Investigación fiscal
Uno de los hechos se dio el 27 de octubre de 2026, cuando la menor de iniciales A.T.S.M. (13) fue contactada por otros adolescentes a través de la red social TikTok, quienes presuntamente le propusieron recibir dinero a cambio de mantener relaciones íntimas con el investigado. Tras coordinar un encuentro, la menor habría sido trasladada hasta un hospedaje del distrito de Parcona, donde presuntamente se produjo el intento de agresión sexual.
El segundo caso; la menor de iniciales N.C.M.P. (13) habría sido contactada el 6 de septiembre de 2026 mediante la red social Instagram, por dos adolescentes, y habrían coordinado un encuentro sexual con el investigado a cambio de dinero. La adolescente habría sido conducida a un hospedaje en Parcona, donde presuntamente fue víctima de agresión sexual. Asimismo, la investigación señala que posteriormente la adolescente habría tenido un nuevo encuentro con el investigado en circunstancias similares.
Cabe señalar que, la prisión preventiva dada al investigado esta computada desde el 27 de octubre de 2026, fecha de su detención, hasta el 26 de julio de 2027. Se dispuso además su internamiento inmediato al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Los hechos atribuidos se encuentran comprendidos en el artículo 173 del Código Penal, referido al delito de violación sexual de menor de edad; mientras que, respecto al hecho calificado en grado de tentativa, se aplica concordantemente el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, referido a la tentativa del delito.
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