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Nuevamente Gustavo Vera Belli en serios cuestionamientos públicos.

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DENUNCIAN A GERENTE DEL SAT-ICA , GUSTAVO VERA BELLI POR PRESUNTA USURPACION DE FUNCIONES

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Ica enfrenta serias acusaciones. Una denuncia penal ha sido presentada contra el gerente general, Gustavo Vera Belli, por presuntas irregularidades administrativas y abuso de funciones.
La denuncia fue fundamentada por Guillermo Jacobo Meneses , quien afirma que
Ángel Chamaba Contreras, no ocupa el cargo de auxiliar coactivo en el SAT, ni cuenta con contrato como asistente coactivo.
Según los documentos presentados, Chamaba Contreras habría ingresado a las oficinas de ejecutoría coactiva del SAT para manipular expedientes que, de acuerdo con la Ley N° 26,979, solo pueden ser manejados por el personal autorizado, específicamente el auxiliar coactivo o el ejecutor coactivo.
De acuerdo con el documento presentado, la presunta usurpación se habría configurado cuando los funcionarios en mención manipularon expedientes administrativos, firmaron resoluciones de cancelación de papeletas y cobraron deudas coactivas en nombre del SAT-ICA, sin tener competencia legal para ello. Entre los denunciados figuran Javier Gustavo Vera Belli, José Enrique Tataje Aguado, Jesús Ángel Chanava Contreras, Oscar Samuel Bendezú Castro, Yoanna Lizeth Sigüas Ferreyra y Nelly Fiorella Paredes Álvarez, quienes habrían ejercido funciones sin los nombramientos ni los contratos correspondientes.
Además, se señala que el gerente general, Gustavo Vera Belli, habría permitido que estos expedientes fueran enviados a la ejecutoría coactiva de la municipalidad provincial de Ica, contraviniendo lo dispuesto en la ordenanza N° 022-2024-MPI, que establece que el SAT es una entidad recaudadora con autonomía técnica, administrativa y económica, dependiente de la alcaldía.
Por si fuera poco, la situación se complicaría con la implicación de un agravante relacionado con el jefe de logística y personal del SAT, quien supuestamente tiene conocimiento de un expediente judicial sobre el delito de abuso de autoridad, donde ya se dictó sentencia por el nombramiento ilegal del ejecutor coactivo del SAT en Ica.
La denuncia también invoca el artículo 361 del Código Penal, que tipifica el delito de usurpación de funciones.
Este artículo establece que cualquier persona que usurpe funciones públicas o continúe ejerciendo un cargo estando cesada o suspendida será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis años, además de inhabilitación. De esta manera, la situación podría tener repercusiones significativas para los involucrados.
El denunciante solicita al Ministerio Público que se investigue a fondo la actuación de estos funcionarios y que, de comprobarse la usurpación, se apliquen las sanciones penales correspondientes. Se incluye en el expediente una serie de medios probatorios como copias de resoluciones, informes legales, documentos de identidad y actas municipales que respaldarían las afirmaciones de la denuncia.

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