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JNE DENUNCIA PENALMENTE AL JEFE DE LA ONPE Y FUNCIONARIOS POR MESAS DE VOTACIÓN NO INSTALADAS

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La institución liderada por Roberto Burneo denunció a Piero Corvetto por las deficiencias en la apertura de más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional

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La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios, por atentar contra el derecho al voto de aproximadamente 63 mil personas debido a las deficiencias en la entrega de material electoral en 211 mesas de sufragio a nivel nacional durante las elecciones generales de este 12 de abril.

El documento oficial de la denuncia indica que tanto Corvetto, como el resto de funcionarios bajo su cargo serían responsables de haber cometido presuntamente delitos contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Luis Vargas Valdivia, abogado penalista, indicó en RPP que en medio de una contratación con el Estado, los funcionarios son los garantes del servicio que se presta y que las investigaciones a realizarse en contra de los funcionarios denunciados por parte del JNE deberán concentrarse en conocer si “estos funcionarios del sistema electoral pudieron determinar antes de las elecciones que la empresa encargada de prestar el servicio no iba a poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones”, lo que terminó por afectar el desarrollo normal del proceso electoral.

Con respecto a la detención de un funcionario de la ONPE por parte de la Policía Nacional, Vargas sostuvo que “si se establece que ha habido acá negligencia, imprudencia, impericia, la conducta no es delictiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Respecto de la detención del gerente, sí me parece que es un exceso”

Por otro lado, Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, indicó que, pese a que el proceso de votación no se realizó contando a las 211 mesas de sufragio que no fueron instaladas, las elecciones se desarrollaron con normalidad en la mayoría de los locales, por lo que no se afectó al normal desarrollo de la jornada.

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“No ha llegado el material electoral por razones atribuibles a un incumplimiento de una empresa privada. Pero utilizar ese hecho particular que no ha afectado el normal desenvolvimiento del proceso electoral… usualmente se instalan el 99.7 % del total de mesas de sufragio. En la jornada de ayer se han instalado el 99.8 % del total de mesas de sufragio. Es decir, no ha habido una irregularidad que afecte la validez del proceso electoral”, indicó en conversación con Canal N.

El experto señaló directamente a los partidos políticos que integran el Congreso actual para referirse a “un contexto autoritario en el que los partidos políticos en el Parlamento, han roto completamente el límite, el equilibrio de los poderes, vemos cómo se proyecta el proceso electoral. Esto es un hecho sumamente grave”, pues consideró que se está afectando y poniendo bajo amenaza la autonomía de la institución.

“Intervenir la ONPE, eso es propio de los regímenes autoritarios. Hay argumentos suficientes para poder decir que debe haber una prolija investigación para ver qué factor determinó el incumplimiento de la obligación por parte del tercero contratado (…) Pero escalar a una intervención penal con detenciones es un acto claramente de amedrentamiento, en un contexto en el cual desde el 2016 en adelante hemos estado circulando en el país, o sea, casi una década, con narrativas de fraude, sin argumentos, con ataques sistemáticos a la autonomía de los organismos electorales y particularmente en el caso del señor Corvetto, amenazas directas de violencia personal”, indicó el especialista en a Canal N.

Procurador del JNE explica por qué se denuncia a Piero Corvetto

Según declaraciones recogidas por RPP, Ronald Angulo, procurador público del JNE, precisó que la medida busca que se establezcan responsabilidades y que el Ministerio Público determine si corresponde iniciar un proceso penal contra los denunciados. “Porque tiene que establecerse responsabilidades y, en todo caso, desvirtuar en una investigación el ilícito penal o las irregularidades que han ocurrido el día de ayer”, sostuvo el funcionario, según lo citado por RPP.

De acuerdo con el procurador, la denuncia abarca la presunta comisión de tres delitos vinculados a la falta de entrega de material electoral en 13 locales de votación, así como otras situaciones reportadas en medios de comunicación el día de la elección. Angulo recordó que el JNE tiene la función principal de fiscalizar los procesos electorales y que la denuncia se apoya en un informe de la Dirección de Fiscalización, que documentó los problemas surgidos en el reparto del material.

La responsabilidad que se atribuye al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se fundamenta en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establecen su papel exclusivo en la organización, planificación y ejecución de los procesos electorales. El procurador explicó a RPP que la ONPE debe encargarse de la compra, distribución y entrega del material electoral en los locales de votación, tareas que recayeron directamente en Corvetto y otros funcionarios de la administración, gestión electoral y coordinación general electoral.

Angulo citó el artículo 182 de la Constitución, que precisa que el jefe de la ONPE, nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de cuatro años, es responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales, así como del suministro de material electoral.

Piero Corvetto, un hombre con barba y gafas, habla por un micrófono mientras gesticula con su mano izquierda. Viste una camisa blanca y un chaleco azul marino con el logo de ONPE

Sobre la naturaleza de la responsabilidad, el procurador aseguró que corresponde al Ministerio Público determinar si existe una responsabilidad penal y no solo política, ya que “al jefe de la ONPE no se le puede abrir un procedimiento administrativo sancionador, como sí puede ocurrir con otros funcionarios de menor jerarquía”, puntualizó.

Durante la entrevista con RPP, Angulo descartó que el JNE deba fiscalizar las contrataciones directas de la ONPE, como el caso de la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material. Subrayó que la fiscalización del JNE inicia con la recepción y seguimiento del material electoral y que los reportes de los fiscalizadores en cada local serán parte de la investigación. Según el procurador, los fiscalizadores del JNE levantaron actas en los locales de votación, registrando incidencias como la demora en la entrega del material.

Sobre la responsabilidad de la empresa Gálaga, Angulo indicó que sus representantes legales también han sido denunciados como posibles coautores, debido a la aparente negligencia en el cumplimiento de los plazos de distribución, lo que impidió que numerosos electores pudieran ejercer su derecho al voto. “Ellos también estarían en todo caso como coautores, porque por su ineficiencia o negligencia de no cumplir con llevar el material en la fecha y hora acordada también han impedido que un gran número de electores pueda ejercer su derecho al sufragio”, expresó el procurador en diálogo con RPP.

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DEBATE DE PEDIDO DE FACULTADES SIGUE ENTRAMPADO EN EL SENADO POR FALTA DE CONSENSO ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

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La Comisión de Constitución del Senado todavía mantiene pendiente la discusión del pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. Tras el rechazo de las cuatro bancadas opositoras a la conducción de Carlos Mesía, Fuerza Popular sostiene que no existe una sanción por incumplir el plazo de siete días hábiles para emitir un dictamen.

El pedido de facultades legislativas que solicitó el Gobierno de Keiko Fujimori continúa entrampado en el Senado porque aún no hay un consenso entre el oficialismo y la oposición. Ayer, en horas de tarde, el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Carlos Mesía, convocó de urgencia una reunión con asesores de los parlamentarios que integran su grupo de trabajo para recoger aportes sobre el predictamen que modifica la propuesta remitida por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, fuentes con conocimiento del caso señalaron que ningún asesor de las bancadas de oposición asistió al encuentro. De acuerdo con la información que recogió La República, Mesía buscaba un consenso en la sala José Abelardo Quiñones Gonzales del Palacio Legislativo.

La invitación estuvo dirigida a los asesores de los despachos de los senadores titulares y accesitarios de la comisión, así como a los asesores de los grupos parlamentarios. “Recoger opiniones técnicas y aportes sobre el predictamen de la Proposición Legislativa N.º 0013-2026-2031-S, referida a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno del Niño”, decía la citación.

No obstante, dicha invitación no habría sido del agrado de los senadores de Obras, Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. Según las fuentes, los legisladores ya tienen una posición definida sobre el pedido de facultades y no discutirán con el oficialismo hasta que se someta a debate la cuestión de orden planteada por Patricia Iturregui, quien solicitó que se precisen los límites del Senado respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Bajo ese argumento, los senadores prohibieron a sus asesores y al personal de confianza a asistir a la reunión promovida por Carlos Mesía.

La otra posibilidad que plantea la oposición para entablar un diálogo con el oficialismo es que se deje de lado el predictamen impulsado por Mesía, el mismo que incorpora siete puntos adicionales al pedido de facultades en materia de seguridad e infraestructura. En su último oficio, dirigido al presidente de la Comisión de Constitución, los legisladores señalan que solo debe someterse a debate el pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados.

“En concordancia con nuestra posición de respeto a los límites establecidos en el artículo 25 del Reglamento del Senado, solicitamos que se someta a debate la proposición remitida por la Cámara de Diputados, considerando únicamente las materias contenidas en dicha propuesta”, precisan.

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KEIKO FUJIMORI ALERTA SOBRE LA MAGNITUD QUE PODRÍA ALCANZAR EL NIÑO: “PUEDE SER MUCHO MÁS GRANDE”

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La presidenta informó sobre medidas preventivas, el traslado de puentes y la habilitación de albergues para unas 30 mil personas ante posibles emergencias por lluvias intensas.

La presidenta Keiko Fujimori advirtió sobre las condiciones climáticas que podría generar el fenómeno El Niño y pidió a las autoridades, instituciones y ciudadanos coordinar acciones para afrontar posibles emergencias.

Durante una declaración a la prensa, también solicitó que el Congreso atienda los asuntos pendientes vinculados con la respuesta ante esta situación.

“El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, expresó.

Como parte de las señales de alerta, la mandataria indicó que el mar registra temperaturas hasta cinco grados centígrados por encima de lo normal, incluso superiores a las observadas durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998.

Según explicó, el Gobierno revisó las estadísticas en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y también recogió mediciones durante una visita a la embarcación científica Humboldt.

Entre las acciones preventivas mencionadas figuran el traslado de 20 puentes al norte y cuatro al sur del país, así como el adelanto del calendario escolar en zonas donde se esperan lluvias.

Fujimori agregó que se trabaja en la habilitación de albergues para recibir a cerca de 30 mil personas y que las etapas uno y dos de las obras preventivas registran un avance del 99 %. También señaló que la maquinaria será trasladada al Bajo Piura este fin de semana y que queda pendiente la intervención del aliviadero de Chutuque.

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MINISTRO DE TRABAJO, FREDDY SOLANO, RENUNCIA TRAS REVELARSE PRESUNTO CERTIFICADO FALSO: “ME RETIRO CON LA CONCIENCIA TRANQUILA”

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Titular del MTPE niega los cuestionamientos y afirma que se aleja del Gobierno para permitir que Fiscalía y Poder Judicial esclarezcan los hechos

Freddy Solano presentó este jueves 9 de julio su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, apenas 41 días después de haber jurado el cargo. La decisión se produce en medio de un escándalo por el presunto uso de un certificado laboral falso para acceder a seis nombramientos en el Estado, incluida la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, Solano González dijo que su decisión de renunciar es con “profundo sentido de responsabilidad democrática y con la convicción de que el interés general del país, la estabilidad del Gobierno y la continuidad de las políticas públicas debe prevalecer siempre sobre cualquier circunstancia personal”.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, se lee en la carta.

Freddy Solano afirma que confía en que las “instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos” y confirmarán, dice, que su “actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Carta de renuncia del ministro de Trabajo, Freddy SolanoCarta de renuncia del ministro de Trabajo, Freddy Solano

“No obstante ello, y sin que esta decisión implique reconocimiento alguno de responsabilidad, considero que corresponde presentar mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional, permitiendo que dichas instituciones ejerzan sus funciones con absoluta independencia”, dijo, pese a que su sector no tiene relación alguna con los órganos de justicia.

Solano cierra su carta afirmando que se retira con “la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”.

El escándalo del presunto certificado falso

El documento que trajo como consecuencia la renuncia de Freddy Solano es un certificado laboral fechado el 30 de noviembre de 2017, en el que se consigna que se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017

Según reveló el dominical Cuarto Poder, ese certificado fue determinante en su expediente para acreditar los requisitos mínimos exigidos para dirigir Sunafil, cargo que asumió en octubre de 2023 y para el que se exigían 10 años de experiencia general, cinco en el sector público y cinco en puestos de jefatura.

El gerente general de la empresa, Carlos Ubillus Urbina, envió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo en la que declaró que el certificado “no es auténtico” y precisó que la firma, el logotipo y el membrete fueron adulterados. Ubillus Urbina también señaló que el documento falso consigna el nombre Service JCV S.R.L., cuando la denominación real de su empresa es Service JCU S.R.L., y ratificó que Solano nunca trabajó allí.

Ante esas acusaciones, el entonces ministro salió a defenderse públicamente. “Yo no necesito ni un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”, afirmó Solano y explicó que desarrolló sus actividades en Trujillo y que recibió el certificado de la administradora de la firma en esa ciudad.

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