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Política

JNE DENUNCIA PENALMENTE AL JEFE DE LA ONPE Y FUNCIONARIOS POR MESAS DE VOTACIÓN NO INSTALADAS

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La institución liderada por Roberto Burneo denunció a Piero Corvetto por las deficiencias en la apertura de más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional

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VIDEO: CANAL N

La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios, por atentar contra el derecho al voto de aproximadamente 63 mil personas debido a las deficiencias en la entrega de material electoral en 211 mesas de sufragio a nivel nacional durante las elecciones generales de este 12 de abril.

El documento oficial de la denuncia indica que tanto Corvetto, como el resto de funcionarios bajo su cargo serían responsables de haber cometido presuntamente delitos contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Luis Vargas Valdivia, abogado penalista, indicó en RPP que en medio de una contratación con el Estado, los funcionarios son los garantes del servicio que se presta y que las investigaciones a realizarse en contra de los funcionarios denunciados por parte del JNE deberán concentrarse en conocer si “estos funcionarios del sistema electoral pudieron determinar antes de las elecciones que la empresa encargada de prestar el servicio no iba a poder cumplir a cabalidad con sus obligaciones”, lo que terminó por afectar el desarrollo normal del proceso electoral.

Con respecto a la detención de un funcionario de la ONPE por parte de la Policía Nacional, Vargas sostuvo que “si se establece que ha habido acá negligencia, imprudencia, impericia, la conducta no es delictiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Respecto de la detención del gerente, sí me parece que es un exceso

Por otro lado, Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, indicó que, pese a que el proceso de votación no se realizó contando a las 211 mesas de sufragio que no fueron instaladas, las elecciones se desarrollaron con normalidad en la mayoría de los locales, por lo que no se afectó al normal desarrollo de la jornada.

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VIDEO:CANAL N

“No ha llegado el material electoral por razones atribuibles a un incumplimiento de una empresa privada. Pero utilizar ese hecho particular que no ha afectado el normal desenvolvimiento del proceso electoral… usualmente se instalan el 99.7 % del total de mesas de sufragio. En la jornada de ayer se han instalado el 99.8 % del total de mesas de sufragio. Es decir, no ha habido una irregularidad que afecte la validez del proceso electoral”, indicó en conversación con Canal N.

El experto señaló directamente a los partidos políticos que integran el Congreso actual para referirse a “un contexto autoritario en el que los partidos políticos en el Parlamento, han roto completamente el límite, el equilibrio de los poderes, vemos cómo se proyecta el proceso electoral. Esto es un hecho sumamente grave”, pues consideró que se está afectando y poniendo bajo amenaza la autonomía de la institución.

“Intervenir la ONPE, eso es propio de los regímenes autoritarios. Hay argumentos suficientes para poder decir que debe haber una prolija investigación para ver qué factor determinó el incumplimiento de la obligación por parte del tercero contratado (…) Pero escalar a una intervención penal con detenciones es un acto claramente de amedrentamiento, en un contexto en el cual desde el 2016 en adelante hemos estado circulando en el país, o sea, casi una década, con narrativas de fraude, sin argumentos, con ataques sistemáticos a la autonomía de los organismos electorales y particularmente en el caso del señor Corvetto, amenazas directas de violencia personal”, indicó el especialista en a Canal N.

Procurador del JNE explica por qué se denuncia a Piero Corvetto

Según declaraciones recogidas por RPPRonald Angulo, procurador público del JNE, precisó que la medida busca que se establezcan responsabilidades y que el Ministerio Público determine si corresponde iniciar un proceso penal contra los denunciados. “Porque tiene que establecerse responsabilidades y, en todo caso, desvirtuar en una investigación el ilícito penal o las irregularidades que han ocurrido el día de ayer”, sostuvo el funcionario, según lo citado por RPP.

De acuerdo con el procurador, la denuncia abarca la presunta comisión de tres delitos vinculados a la falta de entrega de material electoral en 13 locales de votación, así como otras situaciones reportadas en medios de comunicación el día de la elección. Angulo recordó que el JNE tiene la función principal de fiscalizar los procesos electorales y que la denuncia se apoya en un informe de la Dirección de Fiscalización, que documentó los problemas surgidos en el reparto del material.

La responsabilidad que se atribuye al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)Piero Corvetto, se fundamenta en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establecen su papel exclusivo en la organización, planificación y ejecución de los procesos electorales. El procurador explicó a RPP que la ONPE debe encargarse de la compra, distribución y entrega del material electoral en los locales de votación, tareas que recayeron directamente en Corvetto y otros funcionarios de la administración, gestión electoral y coordinación general electoral.

Angulo citó el artículo 182 de la Constitución, que precisa que el jefe de la ONPE, nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de cuatro años, es responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales, así como del suministro de material electoral.

Piero Corvetto, un hombre con barba y gafas, habla por un micrófono mientras gesticula con su mano izquierda. Viste una camisa blanca y un chaleco azul marino con el logo de ONPE

Sobre la naturaleza de la responsabilidad, el procurador aseguró que corresponde al Ministerio Público determinar si existe una responsabilidad penal y no solo política, ya que “al jefe de la ONPE no se le puede abrir un procedimiento administrativo sancionador, como sí puede ocurrir con otros funcionarios de menor jerarquía”, puntualizó.

Durante la entrevista con RPP, Angulo descartó que el JNE deba fiscalizar las contrataciones directas de la ONPE, como el caso de la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material. Subrayó que la fiscalización del JNE inicia con la recepción y seguimiento del material electoral y que los reportes de los fiscalizadores en cada local serán parte de la investigación. Según el procurador, los fiscalizadores del JNE levantaron actas en los locales de votación, registrando incidencias como la demora en la entrega del material.

Sobre la responsabilidad de la empresa Gálaga, Angulo indicó que sus representantes legales también han sido denunciados como posibles coautores, debido a la aparente negligencia en el cumplimiento de los plazos de distribución, lo que impidió que numerosos electores pudieran ejercer su derecho al voto. “Ellos también estarían en todo caso como coautores, porque por su ineficiencia o negligencia de no cumplir con llevar el material en la fecha y hora acordada también han impedido que un gran número de electores pueda ejercer su derecho al sufragio”, expresó el procurador en diálogo con RPP.

Política

MINISTRO DE TRABAJO, FREDDY SOLANO, RENUNCIA TRAS REVELARSE PRESUNTO CERTIFICADO FALSO: “ME RETIRO CON LA CONCIENCIA TRANQUILA”

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Titular del MTPE niega los cuestionamientos y afirma que se aleja del Gobierno para permitir que Fiscalía y Poder Judicial esclarezcan los hechos

Freddy Solano presentó este jueves 9 de julio su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, apenas 41 días después de haber jurado el cargo. La decisión se produce en medio de un escándalo por el presunto uso de un certificado laboral falso para acceder a seis nombramientos en el Estado, incluida la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, Solano González dijo que su decisión de renunciar es con “profundo sentido de responsabilidad democrática y con la convicción de que el interés general del país, la estabilidad del Gobierno y la continuidad de las políticas públicas debe prevalecer siempre sobre cualquier circunstancia personal”.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, se lee en la carta.

Freddy Solano afirma que confía en que las “instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos” y confirmarán, dice, que su “actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Carta de renuncia del ministro de Trabajo, Freddy SolanoCarta de renuncia del ministro de Trabajo, Freddy Solano

“No obstante ello, y sin que esta decisión implique reconocimiento alguno de responsabilidad, considero que corresponde presentar mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional, permitiendo que dichas instituciones ejerzan sus funciones con absoluta independencia”, dijo, pese a que su sector no tiene relación alguna con los órganos de justicia.

Solano cierra su carta afirmando que se retira con “la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”.

El escándalo del presunto certificado falso

El documento que trajo como consecuencia la renuncia de Freddy Solano es un certificado laboral fechado el 30 de noviembre de 2017, en el que se consigna que se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017

Según reveló el dominical Cuarto Poder, ese certificado fue determinante en su expediente para acreditar los requisitos mínimos exigidos para dirigir Sunafil, cargo que asumió en octubre de 2023 y para el que se exigían 10 años de experiencia general, cinco en el sector público y cinco en puestos de jefatura.

El gerente general de la empresa, Carlos Ubillus Urbina, envió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo en la que declaró que el certificado “no es auténtico” y precisó que la firma, el logotipo y el membrete fueron adulterados. Ubillus Urbina también señaló que el documento falso consigna el nombre Service JCV S.R.L., cuando la denominación real de su empresa es Service JCU S.R.L., y ratificó que Solano nunca trabajó allí.

Ante esas acusaciones, el entonces ministro salió a defenderse públicamente. “Yo no necesito ni un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”, afirmó Solano y explicó que desarrolló sus actividades en Trujillo y que recibió el certificado de la administradora de la firma en esa ciudad.

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Política

MINISTRA DE EDUCACIÓN RENUNCIA EN MEDIO DE CUESTIONAMIENTOS POR PRESUNTA INTERVENCIÓN EN SUNEDU

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La titular del Minedu presentó su renuncia irrevocable al presidente José María Balcázar tras poco más de tres meses en el cargo. Su salida ocurre mientras afronta una denuncia constitucional vinculada al caso Sunedu.

La ministra de EducaciónMaría Esther Cuadros Espinoza, presentó su renuncia irrevocable al cargo mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar, poniendo fin a una gestión que se extendió por poco más de tres meses al frente del sector.

La ahora exministra asumió funciones el 17 de marzo de 2026 y oficializó su salida en medio del proceso político que enfrenta por una denuncia constitucional relacionada con el caso Sunedu.

María Cuadros presentó su renuncia al presidente Balcázar

En la carta de renuncia, Cuadros agradeció la confianza que recibió para integrar el Gabinete Ministerial y aseguró que desempeñó el cargo con «integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público».

«Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir esta alta responsabilidad al servicio de la patria, la cual he ejercido con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público», señala el documento.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los trabajadores del Ministerio de Educación y dedicó un mensaje especial a los docentes del país.

«Deseo expresar mi reconocimiento a los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación por su compromiso y profesionalismo (…) De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país», escribió.

Carta de renuncia al cargo de Ministra de Educación

María Cuadros afronta una denuncia constitucional por el caso Sunedu

La renuncia se produce mientras la exministra enfrenta una denuncia constitucional presentada por la congresista Tania Ramírez, quien le atribuye presuntas infracciones a los artículos 16, 39, 51, 119 y 128 de la Constitución.

El caso está relacionado con las presuntas acciones para remover al actual jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Vicente Santillán, situación que también motivó un pedido de interpelación promovido por un grupo de 22 congresistas, en su mayoría pertenecientes a Fuerza Popular.

De acuerdo con el Congreso, la denuncia constitucional será evaluada durante la décima tercera sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales programada para este viernes 3 de julio.

Permaneció poco más de tres meses en el cargo

María Cuadros asumió el Ministerio de Educación el 17 de marzo de 2026, durante el gobierno del presidente José María Balcázar.

Con su salida, el Ejecutivo deberá designar a un nuevo titular del sector Educación en medio de la controversia política generada por el caso Sunedu y el proceso que continúa en el Congreso.

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Política

ALEJANDRO TOLEDO AUTORIZA A SU DEFENSA A TRAMITAR UN INDULTO HUMANITARIO POR SU GRAVE DETERIORO DE SALUD

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El expresidente autorizó a su abogado a tramitar el beneficio amparado en la Ley 32181 para mayores de 80 años.

El expresidente Alejandro Toledo autorizó a su abogado, Carlos Torres Caro, a tramitar una solicitud de indulto humanitario, argumentando que atraviesa una delicada condición de salud física y mental. La defensa sostiene que el exmandatario, de más de 80 años, cumple con los requisitos establecidos en la Ley 32181 para solicitar que el resto de su condena sea cumplido bajo arresto domiciliario.

La autorización fue otorgada mediante una carta firmada por Toledo el pasado 24 de junio, según confirmó Torres Caro en declaraciones a RPP. El abogado explicó que ya viene preparando el expediente y que ahora corresponde a la Corte Suprema evaluar el pedido.

Carta firmada por el expresidente Alejandro Toledo y difunidida por RPP.

Alejandro Toledo pide acogerse a la Ley 32181

Torres Caro indicó que la solicitud se sustentará en la Ley 32181, promulgada en diciembre de 2024, que contempla la posibilidad de que personas mayores de 80 años puedan cumplir sus condenas fuera de un establecimiento penitenciario, siempre que exista autorización judicial.

«Estamos hablando de un pedido que me hace llegar justo el día 24 de junio […] Yo he estado trabajando el tema de la Ley 32181 que establece claramente que toda persona que ya tiene más de 80 años tiene la posibilidad, si es que así lo autoriza el Poder Judicial, de, en vez de cumplir su pena en prisión, hacerlo en su domicilio», señaló el abogado.

En ese sentido, precisó que el expediente será presentado ante la Presidencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que deberá admitir el recurso y fijar la fecha para la audiencia correspondiente.

Defensa asegura que Alejandro Toledo presenta un grave deterioro de salud

El abogado afirmó que el expresidente presenta un evidente deterioro cognitivo y un severo cuadro de depresión, además de múltiples problemas médicos documentados desde 2023.

Según relató, el estado actual de Toledo dista mucho del que mostró durante su etapa como académico y jefe de Estado.

«Obviamente, la agilidad mental y la fortaleza que todos estábamos acostumbrados a ver en Alejandro Toledo ya no es esa. Yo no soy médico, pero se ve un deterioro cognitivo. Lo que más me ha impresionado es una situación de avanzada depresión. Él está desesperado; desde que llego hasta que me voy me pide ayuda», manifestó.

Informes médicos alertan riesgo de infarto y accidente cerebrovascular

Torres Caro sostuvo que cuenta con diversos certificados médicos, tanto oficiales como particulares, que respaldan la solicitud del indulto humanitario.

Indicó que el informe más reciente, elaborado por el médico tratante del expresidente, concluye que Toledo enfrenta un elevado riesgo de sufrir complicaciones graves.

«El paciente presenta alto riesgo de accidente cerebrovascular (ACV), alto riesgo de infarto al miocardio y alto riesgo de arritmia cardíaca», detalló el abogado al citar el contenido del informe médico.

Corte Suprema decidirá si admite el pedido

La defensa señaló que el siguiente paso será que la Corte Suprema determine si admite a trámite la solicitud. Tras ello, se programría la audiencia para evaluar la situación del exmandatario.

Alejandro Toledo cumple actualmente una condena por el caso vinculado a la empresa Odebrecht y permanece recluido mientras continúa el cumplimiento de la pena impuesta por el Poder Judicial. La eventual concesión del beneficio dependerá de la evaluación judicial de los requisitos legales y de la documentación médica presentad

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