Política
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA ACUSA SUPUESTO FRAUDE ELECTORAL Y COMPARA AL PERÚ CON VENEZUELA: “NI UNA NARCODICTADURA LO HA HECHO”
El candidato de Renovación Popular culpa a la gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por afectar el voto de al menos 63.000 personas.
El candidato presidencial de Renovación Popular responsabilizó públicamente a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por lo que calificó como “fraude electoral único en el mundo”. Según indicó -sin pruebas-, más de 100 mil personas en Lima no pudieron ejercer su derecho al voto, lo que representó una pérdida cercana al 1.2 % de los sufragios para su partido.
Luego de la difusión de resultados del proceso electoral brindados por la página oficial de la ONPE, el candidato de Renovación Popular afirmó que “ni Maduro en su peor momento hizo esto en Venezuela, ni una narcodictadura lo ha hecho. El señor (Piero) Corvetto lo ha hecho”.
El candidato remarcó la diferencia con experiencias anteriores: “Lo histórico para Lima es que 1 % de las mesas no abrían. Aquí no se ha permitido que abra, pues, 13% de las mesas, es trece veces más que lo normal”. Añadió que, según sus cuentas, el daño a Renovación Popular se tradujo en “más o menos cien mil, es 1.25 % que nos han mochado”.
Después de difundirse el conteo rápido oficial, López Aliaga insistió en la necesidad de que Piero Corvetto renuncie y sea procesado penalmente e insistió en su pedido de captura, alegando que el delito estaba “en curso”.
El candidato exigió un pronunciamiento inmediato al Jurado Nacional de Elecciones, cuestionando: “Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”.
Reacciones y acciones institucionales tras las denuncias
La respuesta de las instituciones llegó horas después. Piero Corvetto reconoció públicamente los problemas logísticos pidió disculpas públicas por los incidentes durante la jornada electoral. “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, declaró.
Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que los responsables podrán ser sancionados administrativa y penalmente: “Comunicaremos a las autoridades competentes para que asuman las responsabilidades que sean del caso, no solo a nivel administrativo, sino también penal”.
En un comunicado oficial, el presidente del JNE explicó que, para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, se ampliará el horario de instalación de mesas y de votación en Lima y dos circunscripciones del extranjero: Orlando y Paterson en Estados Unidos.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación realizó diligencias en la sede de la ONPE en Lima para verificar las demoras y proteger el derecho al voto, con la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga al mando. Simultáneamente, la Contraloría General de la República comunicó el inicio de investigaciones para definir posibles responsabilidades administrativas y penales.
En el ámbito político, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo exigió la renuncia de Corvetto debido a las “demoras históricas y escandalosas”. Desde Trujillo, César Acuña, candidato de Alianza Para el Progreso, se pronunció sobre la falta de equidad y la necesidad de proteger la transparencia electoral. También Carlos Álvarez, comunicador, expresó críticas sobre la gestión del proceso.
Impacto sobre el proceso electoral y reclamos de nulidad
Datos proporcionados por la ONPE muestran la dimensión del problema: cerca del 13% de las mesas en Lima no pudo instalarse a tiempo, situación que, según registros oficiales, afectó a más de 63 mil ciudadanos. El retraso se reflejó en la demora del material electoral, el cierre de 211 locales y la formación de largas filas en colegios de distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde en algunos casos los materiales llegaron con varias horas de atraso o no arribaron.
El partido Renovación Popular pidió la nulidad de los resultados en los locales afectados y llamó a la ciudadanía a manifestarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, reiterando el calificativo de “fraude electoral único en el mundo”. Según el candidato, los hechos constituyen una anomalía documentada en la trayectoria electoral del Perú y abren un debate regional sobre la legitimidad democrática.
👉Candidatos «mediáticos» que intentaron obtener una curul en estos comicios electorales , no tuvieron la aprobación del electorado iqueño, e inclusive aquellos partidos políticos que los «acogió » no pasaron la valla electoral.
Política
JNE DENUNCIA PENALMENTE AL JEFE DE LA ONPE Y FUNCIONARIOS POR MESAS DE VOTACIÓN NO INSTALADAS
La institución liderada por Roberto Burneo denunció a Piero Corvetto por las deficiencias en la apertura de más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional
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VIDEO: CANAL N
La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha denunciado penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros cuatro funcionarios, por atentar contra el derecho al voto de aproximadamente 63 mil personas debido a las deficiencias en la entrega de material electoral en 211 mesas de sufragio a nivel nacional durante las elecciones generales de este 12 de abril.
El documento oficial de la denuncia indica que tanto Corvetto, como el resto de funcionarios bajo su cargo serían responsables de haber cometido presuntamente delitos contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
Con respecto a la detención de un funcionario de la ONPE por parte de la Policía Nacional, Vargas sostuvo que “si se establece que ha habido acá negligencia, imprudencia, impericia, la conducta no es delictiva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Respecto de la detención del gerente, sí me parece que es un exceso”
Por otro lado, Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, indicó que, pese a que el proceso de votación no se realizó contando a las 211 mesas de sufragio que no fueron instaladas, las elecciones se desarrollaron con normalidad en la mayoría de los locales, por lo que no se afectó al normal desarrollo de la jornada.
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VIDEO:CANAL N
“No ha llegado el material electoral por razones atribuibles a un incumplimiento de una empresa privada. Pero utilizar ese hecho particular que no ha afectado el normal desenvolvimiento del proceso electoral… usualmente se instalan el 99.7 % del total de mesas de sufragio. En la jornada de ayer se han instalado el 99.8 % del total de mesas de sufragio. Es decir, no ha habido una irregularidad que afecte la validez del proceso electoral”, indicó en conversación con Canal N.
El experto señaló directamente a los partidos políticos que integran el Congreso actual para referirse a “un contexto autoritario en el que los partidos políticos en el Parlamento, han roto completamente el límite, el equilibrio de los poderes, vemos cómo se proyecta el proceso electoral. Esto es un hecho sumamente grave”, pues consideró que se está afectando y poniendo bajo amenaza la autonomía de la institución.
“Intervenir la ONPE, eso es propio de los regímenes autoritarios. Hay argumentos suficientes para poder decir que debe haber una prolija investigación para ver qué factor determinó el incumplimiento de la obligación por parte del tercero contratado (…) Pero escalar a una intervención penal con detenciones es un acto claramente de amedrentamiento, en un contexto en el cual desde el 2016 en adelante hemos estado circulando en el país, o sea, casi una década, con narrativas de fraude, sin argumentos, con ataques sistemáticos a la autonomía de los organismos electorales y particularmente en el caso del señor Corvetto, amenazas directas de violencia personal”, indicó el especialista en a Canal N.
Procurador del JNE explica por qué se denuncia a Piero Corvetto
Según declaraciones recogidas por RPP, Ronald Angulo, procurador público del JNE, precisó que la medida busca que se establezcan responsabilidades y que el Ministerio Público determine si corresponde iniciar un proceso penal contra los denunciados. “Porque tiene que establecerse responsabilidades y, en todo caso, desvirtuar en una investigación el ilícito penal o las irregularidades que han ocurrido el día de ayer”, sostuvo el funcionario, según lo citado por RPP.
De acuerdo con el procurador, la denuncia abarca la presunta comisión de tres delitos vinculados a la falta de entrega de material electoral en 13 locales de votación, así como otras situaciones reportadas en medios de comunicación el día de la elección. Angulo recordó que el JNE tiene la función principal de fiscalizar los procesos electorales y que la denuncia se apoya en un informe de la Dirección de Fiscalización, que documentó los problemas surgidos en el reparto del material.
La responsabilidad que se atribuye al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se fundamenta en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establecen su papel exclusivo en la organización, planificación y ejecución de los procesos electorales. El procurador explicó a RPP que la ONPE debe encargarse de la compra, distribución y entrega del material electoral en los locales de votación, tareas que recayeron directamente en Corvetto y otros funcionarios de la administración, gestión electoral y coordinación general electoral.
Angulo citó el artículo 182 de la Constitución, que precisa que el jefe de la ONPE, nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de cuatro años, es responsable de la organización y ejecución de los procesos electorales, así como del suministro de material electoral.
Sobre la naturaleza de la responsabilidad, el procurador aseguró que corresponde al Ministerio Público determinar si existe una responsabilidad penal y no solo política, ya que “al jefe de la ONPE no se le puede abrir un procedimiento administrativo sancionador, como sí puede ocurrir con otros funcionarios de menor jerarquía”, puntualizó.
Durante la entrevista con RPP, Angulo descartó que el JNE deba fiscalizar las contrataciones directas de la ONPE, como el caso de la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material. Subrayó que la fiscalización del JNE inicia con la recepción y seguimiento del material electoral y que los reportes de los fiscalizadores en cada local serán parte de la investigación. Según el procurador, los fiscalizadores del JNE levantaron actas en los locales de votación, registrando incidencias como la demora en la entrega del material.
Sobre la responsabilidad de la empresa Gálaga, Angulo indicó que sus representantes legales también han sido denunciados como posibles coautores, debido a la aparente negligencia en el cumplimiento de los plazos de distribución, lo que impidió que numerosos electores pudieran ejercer su derecho al voto. “Ellos también estarían en todo caso como coautores, porque por su ineficiencia o negligencia de no cumplir con llevar el material en la fecha y hora acordada también han impedido que un gran número de electores pueda ejercer su derecho al sufragio”, expresó el procurador en diálogo con RPP.
El Congreso validó finalmente la medida que ha sido criticada hasta por Julio Velarde, por el impacto económico que podría tener.
El Congreso de la República aprobó por insistencia la llamada Ley de pensión digna para los maestros.
Esta cambia radicalmente el monto de las pensiones de los docentes jubilados, quienes, según información hasta el 2025, recibían en promedio montos de S/800 hasta un monto equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.
Es decir, considerando el último aumento con el cambio de esta escala de este 2026, el monto que recibirían los maestros jubilados sería fijado en S/3.500,70. (anteriormente de S/3.300,60).
Como se recuerda, poco antes de que Dina Boluarte fuera vacada de su puesto, el 7 de octubre, la expresidenta observó la norma cuando fue aprobada la primera vez por el Congreso.
Ahora, tras casi seis meses desde entonces, la medida fue aprobada por insistencia por el Pleno del Congreso. Si bien aún no se promulga (esto no demorara), la Ley fue aprobada en los mismos términos en que fue planteada; es decir, no se recogió ninguna observación del Ejecutivo.
“La presente ley tiene por objeto disponer el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial”, sostiene la medida.
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